Acaba de salir publicada la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma tiene algunas novedades, MUY IMPORTANTES y no se ha hecho eco en la prensa de las mismas.

Entre ellas, se trata de una ley que introduce importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad y, sin embargo, han incluido o modificado otros artículos en materia de violencia de género y doméstica, tales como los siguientes:

Se da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado así:

“…………No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial…..”

 

Y es que, no solo se trata de una cuestión de violencia de género, sino que la propia ley prevé la posibilidad de suspender las visitas a ambos progenitores, tanto a la madre como al padre, y ante esto me pregunto ¿qué pasará si existen denuncias cruzadas entre los progenitores? ¿cómo va a resolver la ley estas situaciones?

Asimismo, hay muchos casos de violencia contra la mujer que vienen determinados por insultos o vejaciones en el ámbito de las relaciones matrimoniales o more uxorio, y está claro que dichos comportamientos tienen que estar regulados y recogidos en la esfera penal siendo objeto de reproche penal, pero es muy importante distinguir entre comportamientos que pueden ser objeto de relevancia penal entre los progenitores en el ámbito de la relación o ex relación y otra cosa es coartar la relación de un progenitor con sus hijos al interponerse denuncia de uno contra el otro.

 

La ley actual ya prevé la posibilidad de que la autoridad judicial suspendan los regímenes de visitas e incluso la patria potestad al amparo del mayor beneficio del menor, no obstante, cierto es, que son muy reacios a realizarlos y muchas veces, en determinados casos, es necesario, de manera mucho más acelerada, la suspensión del régimen de visitas o estancias por ser peligroso o inadecuado para los menores relacionarse con un progenitor que tenga carácter violento. Pero no debe aplicarse automáticamente la suspensión de las visitas por la mera denuncia de un progenitor al otro progenitor, porque, por desgracia, los abogados de familia nos encontramos con esta realidad día sí y día también, cuando los progenitores comienzan a denunciarse mutuamente.

Esto va a provocar que, si ya muchas veces nos vemos obligados a pleitear en violencia, ahora, con más ahínco, habrá personas que denuncien hechos con la intención de la suspensión de los regímenes de visitas pues, su mera interposición, aun sin haberse realizado la conducta, obligará a dicha suspensión.

 

Así mismo el artículo 96 se redacta del siguiente modo:

«1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad…..

Actualmente la mayor parte de los jueces de familia otorgaban la vivienda familiar hasta la independencia económica de los hijos, no hasta la mayoría de edad, ya que la mayoría de edad, actualmente, no supone, ni mucho menos, la independencia económica de los hijos.

Esto supone, que al cumplir los hijos menores la mayoría de edad se pueda solicitar la liquidación de los gananciales o la división del bien común para evitar que el otro progenitor, en compañía de los hijos, continúe disfrutando de la asignación de la vivienda familiar.

Habrá que ver como los jueces aplican estas nuevas reformas intentando adaptar las mismas a la realidad social.

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